II
Encuentro por la Laicidad en España
MANIFIESTO
DE BARCELONA
1.
Los representantes de las asociaciones presentes y los asistentes abajo
firmantes, ateniéndonos a las conclusiones de los trabajos realizados en el II
Encuentro por la Laicidad en España, que han versado sobre la Laicidad y el
derecho al espacio público, reafirmamos nuestro convencimiento de que para
posibilitar una auténtica igualdad de oportunidades al acceso al espacio público
es preciso fortalecer el marco común de la laicidad como garantía de civilidad
democrática y de respeto para con todas y cada una de las expresiones filosóficas
y espirituales, sin imposiciones, favoritismos, exclusiones ni hegemonismos por
parte de ninguna escuela de pensamiento o grupo en particular.
2.
Es por ello que queremos hacer oír la voz de quienes nos identificamos con la
cultura de la libertad de conciencia, de la tolerancia activa y del humanismo
democrático, para impulsar el debate crítico que facilite el cumplimiento, en
nuestro contexto legal, de los mínimos requisitos de convivencialidad y
pluralismo en dicho espacio público, que es el que todos y todas compartimos,
al margen de nuestras opciones de conciencia privada, y el que, por tanto, el
marco jurídico debe garantizar, para todos y todas, sin ningún tipo de
diferencia.
Apoyamos,
como consecuencia, la creación de una red de coordinación de las personas,
asociaciones y entidades que trabajen en España en defensa de la laicidad como
eje de sustentación de una democracia auténticamente ciudadana, comprometiéndonos
a la difusión de sus acciones y a la promoción de sus valores.
3.
Debemos denunciar, en este sentido, la vigencia del Concordato firmado entre el
Estado español y la llamada Santa Sede en 1953, durante la dictadura, así como
los acuerdos vergonzantes de 1976 y de 1979, difícilmente asumibles desde una mínima
coherencia democrática, abiertamente transgresores del espíritu del mandato
constitucional, que permiten a una confesión religiosa determinada –la católica–
ejercer una función de preeminencia sobre la libre conciencia de los ciudadanos
que se expresa mediante sus privilegios en materia de enseñanza, fiscalidad,
presencia mediática y ocupación simbólica de lugares de especial significación
para el espacio público, por el elevado grado de representatividad de la
comunidad política que desempeñan.
4.
Consideramos especialmente preocupante el mantenimiento, en el ámbito
educativo, de privilegios exclusivos para las confesiones religiosas, en la
medida en que ello puede dificultar el proceso de formación de la libre
concienca ética de las personas que, en razón de su edad, menor capacidad de
defensa tienen ante las imposiciones ideológicas externas, mediatizando sus
condiciones de libertad de juicio personal y, por tanto, de ejercicio de la
autodeterminación individual, fuente de la libertad plena.
La
Ley de Calidad, actualmente en discusión, va a empeorar la situación, mientras
que nosotros consideramos que la religión ha de ser excluida del espacio
educativo. Los catequistas de cualquier religión, si existen, no deben
financiarse con cargo a fondos públicos, ni han de formar parte de los
claustros escolares.
5.
Consideramos, asimismo, preocupante, además de grotesco para el actual grado de
evolución de la sociedad española, la pública ostentación de simbología
confesional o el sometimiento a ella por parte de cargos públicos, electivos o
no, que se deben, en primer lugar, al público y a la garantía del derecho al
espacio público para todos los ciudadanos, antes que a su conciencia. Las
Jefaturas del Estado o del Gobierno, y cualquier representación estatal, autonómica,
municipal o militar, deben estar exentas de implicación confesional pública
alguna, reservando los actos de culto a que su conciencia les impulse a la
estricta esfera de la privacidad.
6.
Efectuamos, pues, un especial llamamiento a los representantes políticos e
institucionales democráticos en su conjunto y muy especialmente a quienes
puedan sentirse comprometidos con la cultura de la libertad y del progreso, para
que promuevan las oportunas medidas legislativas que permitan acceder, en
condiciones de auténtica igualdad de oportunidades, al disfrute del espacio público
para todos los ciudadanos. Abogamos por una política de sometimiento de las
religiones al derecho común, centrada en la vigilancia del cumplimiento por
todas ellas de los valores rectores de una sociedad libre y democrática.
7.
Es en este sentido por lo que consideramos imprescindible la adopción de los
correspondientes procedimientos legales que posibiliten sancionar en el
ordenamiento jurídico las propuestas que se exponen en el Manifiesto de Motril
de julio de 2001. Y nos parece que dichas propuestas, pese a no resultar ajenas
a ningún planteamiento realmente democrático y convivencial, deberían ser
asumidas íntegramente por quienes se reclaman del pensamiento progresista.
8.
Consideramos que la garantía de respeto a la pluralidad de opciones ideológicas,
filosóficas y éticas que puedan ser libremente asumidas por la conciencia de
los ciudadanos, sin restricciones de ningún tipo para la libre expresión de
las demás, sin limitaciones para el ejercicio del derecho a la crítica o a la
apostasía, y sin imposiciones por parte de ninguna comunidad cultural o
familiar sobre la conciencia individual –especialmente, de los jóvenes
menores de edad– y su permanente derecho a la libertad, son la garantía del
ejercicio real del derecho al espacio público.
9.
Consideramos que este ejercicio puede trasladarse al plano de las relaciones
entre individuos, grupos, sociedades y estados, constituyendo uno de los
fundamentos del derecho a la libre determinación de los individuos y de
asentamiento de las condiciones de posibilidad de una vida social en paz y
democracia. Creemos que la Unión Europea, muy especialmente, debe sentirse
llamada a ejercer una función de defensa y promoción internacional del derecho
a la autodeterminación del individuo como sujeto de Derecho, con el fin de
evitar el sometimiento de las conciencias individuales a los prejuicios
comunitaristas y a las presiones dogmáticas de cualquier signo, y frente a la
usurpación por la fuerza de dicho derecho, ya sea con fines políticos,
religiosos, mediáticos o delictivos. Creemos, también, que la Unión Europea
debe reforzar sus compromisos con la cultura de la laicidad y de la libertad de
conciencia ante los riesgos de deriva autoritaria, intransigente y excluyente
que pueden detectarse entre ciertos sectores de la opinión pública europea
para quienes el fanatismo o la renuncia al pensamiento libre pueden parecer
alternativas al riesgo de exclusión social. La cultura de la laicidad y de la
democracia fundamentada en valores humanos –que no en imagen o en recursos
materiales–, constituye, también, un antídoto frente al fascismo.
10.
Y a defender estos valores de laicidad como vía de respeto a la diversidad de
las conciencias y de enaltecimiento de la riqueza plural de la cultura humana,
nos comprometemos, requiriendo a nuestros representantes y autoridades públicas
a que así lo hagan también, en todos los foros de ámbito español, europeo
comunitario o internacional, para promover la construcción de una cultura civil
fundamentada en la libertad, la igualdad de oportunidades y la relación
constructiva y pacífica entre individuos y comunidades.
En
Barcelona, a 21 de julio de 2002
Asociación Pi y Margall por la Educación Pública y Laica
Ateus
de Catalunya
Bund gegen Anpassung (Alianza contra el conformismo), Alemania
Colectivo
Escuela. Granada
Europa
Laica
Fédération
Nationale de la Libre Pensée
Fundació
Francesc Ferrer i Guàrdia
Apartat de Correus núm. 13.112
08080-Barcelona